Hoy es el día en el que entra en vigor en la Unión Europea la Digital Services Act tras su aprobación en abril de 2022, uno de los paquetes legislativos, junto con la Digital Markets Act, contra el que más acciones de lobbying llevaron a cabo las big tech.
Se trata, sin duda, de una de las regulaciones que más diferenciará por sus derechos a los ciudadanos europeos de los norteamericanos y de otros países, y que sin ninguna duda terminará también por ser imitada al otro lado del Atlántico, en una progresión que convierte a la Unión Europea no en una exportadora de tecnología, sino de políticas regulatorias, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva.
Obliga, entre otras muchas cosas, a las plataformas o motores de búsqueda consideradas muy grandes y definidas como con más de 45 millones de usuarios mensuales en Europa, a cuestiones que son de puro sentido común y que llevan a que los derechos y protecciones que tenemos dentro de la red sean similares a los que tenemos fuera de ella: desde protección contra estafadores o contra desinformación y manipulación, hasta protecciones a menores o contra la publicidad ultrasegmentada, que tendrá necesariamente que ofrecer mecanismos de renuncia que permitan visualizar el contenido sin ningún tipo de algoritmo. Tampoco podrán utilizar dark patterns o mecanismos confusos para obtener el consentimiento de los usuarios para determinadas prácticas, lo que se supone impedirá que determinada información personal que ya estaba completamente protegida pero que muchas de estas compañías no trataban como tal – ideas políticas, origen étnico, orientación sexual, información de salud, etc. – sea utilizada para segmentar la publicidad que recibimos (o que recibís… los que aún no la bloqueáis).
Estas plataformas son un total de diecinueve en este momento: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube y Zalando. Todas ellas estarán obligadas a facilitar a la Unión Europea sus datos de usuarios como mínimo cada seis meses, y solo abandonarán la lista si caen por debajo de esa magnitud durante más de un año. Para ellas, las multas en caso de incumplimiento pueden llegar a un 6% de su cifra de negocio global. Además, la Unión Europea se reserva mecanismos de actuación de urgencia para determinadas prácticas que se considere que generan un daño muy grave, y podrá excluir temporalmente a las plataformas si incumplen las normas de manera reiterada.
Los efectos… los veremos. Por lo pronto, será difícil que ocurra lo que parece estar ocurriendo en los Estados Unidos, en donde se está apreciando una deriva hacia un control cada vez menor de la desinformación que no auguran nada bueno de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En la Unión Europea no nos libraremos tampoco de intentos de generar desinformación en procesos electorales, pero al menos podremos reclamar a las plataformas en las que se produzcan que les pongan freno o que, como era el caso, se conviertan en cómplices – en auténticos sinvergüenzas – que se dedicaban a monetizar ampliamente esas iniciativas con total impunidad.
Además, deberán ofrecer a investigadores y académicos la posibilidad de tener acceso a datos que les permitan entender cómo funcionan sus plataformas y cómo evolucionan los diversos riesgos que puedan generar para sus usuarios.
La Ley de Servicios Digitales no define lo que es legal o ilegal en la red, eso se define en otras leyes ya sea a nivel de la Unión Europea o a nivel nacional (el contenido terrorista, el discurso del odio o el material de abuso sexual infantil se definen a nivel de la Unión Europea, pero un contenido que sea ilegal en un solo estado miembro solo deberá eliminarse en el territorio donde sea ilegal), pero establece normas a nivel de la Unión Europea que cubren la detección, señalización y eliminación de contenidos ilegales, y un nuevo marco de evaluación de riesgos para grandes plataformas y motores de búsqueda sobre cómo se difunde el contenido ilegal en sus servicios.
La entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales es, decididamente, una muy buena noticia que debería hacernos sentir que pertenecer a la Unión Europea es algo decididamente positivo, que nos sitúa a la vanguardia de la regulación de la red y de la protección de los usuarios. Veremos ahora cuáles son las primeras plataformas que experimentan sus efectos. Hemos tardado mucho tiempo desde que empezaron a funcionar muchos servicios en internet en empezar a plantear cómo proteger a los usuarios, pero parece que, aunque sea lentamente, vamos haciendo progresos…
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